lunes, 28 de agosto de 2023

Luis María Aguilar, El Ministro del Crimen




Por José Humbertus Pérez Espinoza


Columna Especial

El escritor Carlos Monsiváis en su narrativa que utilizaba el juego de palabras, estableció una forma clara de explicar que es lo mexicano y en su relación con el discurso del poder decía, que para la derecha su doctrina es la hipocresía, en sus conductas es arrogante, estúpida, atrasada y represiva. 

Está es la doctrina de los ministros de derecha que controlan el máximo poder conservador de la SCJN y que comanda Luis María Aguilar Morales, sus operadores los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán. Los tres ministros llevan en su pecado original haber sido impuestos por Felipe Calderón y Aguilar Morales el ministro del crimen.

El ministro Luis María Aguilar es corrupto, su doctrina la hipocresía, esta se acredita en su periodo como presidente de la SCJN (2015-2018), en donde se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público. 

En la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN (2019-2022), se detectaron en la administración de Luis María Aguilar desvíos por más de $ 720 millones de pesos en la compra de bienes sobrevaluados de equipos de impresión, computo, digitalización, copiado (incluyendo tóner y papel).

Así mismo se detectaron desvíos por más de $400 millones de pesos en la construcción, arrendamientos y mantenimiento de bienes inmuebles, destacado la adjudicación de contratos directos para construir los centros de justicia penal y salas orales como parte de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. 

El ministro Luis María Aguilar fue nombrado presidente de la SCJN en el mes de enero de 2015, meses después contrato a Francisco Javier Pérez Maqueda y lo nombró director general de Inmuebles y Mantenimiento, en donde se desviaron los más de $400 millones de pesos. 

La administración del ministro Arturo Zaldívar detecto que Pérez Maqueda autorizó la construcción centros de justicia penal y salas orales donde no debían de haberse construido. Se devolvieron 13 inmuebles arrendados al Poder Judicial de la Federación y que algunos se rentaban sin ser utilizados.

El ministro Luis María Aguilar, a su hombre de confianza Pérez Maqueda se le encontraron $3 millones 491 pesos en efectivo en la cajuela en un vehículo oficial del Consejo de Judicatura Federal, el ministro de Arturo Zaldívar le abrió procesos administrativos y penales, Pérez Maqueda fue destituido e inhabilitado por 20 años y se presentó denuncia penal en la FGR.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias penales en contra del ministro de crimen Luis María Aguilar, por los graves actos de corrupción al utilizar siete empresas fachadas, para realizar sus operaciones criminales desde el máximo poder que “imparte justicia”.

El supremo poder conservador de la SCJN en las figuras de los ministros de derecha Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán, también se caracterizan como los define Carlos Monsiváis la arrogancia, por creer tener una posición de superioridad o privilegios frente a los demás y ser orgullosos de su nepotismo.

El esquema de corrupción por nepotismo en la SCJN se concretó con el ministro Luis María Aguilar Morales, su hija Ana Elena Aguilar Arrangoiz de profesión Cirujana Dentista, sin tener estudios de derecho ocupo cargos de oficial judicial y secretaria particular de Tribunales Colegiados de Circuito.

El sueldo que percibió fue de $26 mil 398 pesos, sin incluir las prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, prima quincenal, seguros colectivos de retiro, y seguro de gastos médicos mayores, la contratación de Ana Elena Aguilar fue responsabilidad del ministro Alberto Pérez Dayán

El magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo también apoyó el ingreso de su hija Daniela Pardo Soto Reyes, abogada de profesión, que se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, su nombramiento fue una decisión directa Luis María Aguilar, con un salario bruto de $135 mil pesos mensuales. Los poderes judiciales del país tienen a su familia judicial.

El ministro Luis María Aguilar cumple el perfil descrito por Carlos Monsiváis los conservadores y la derecha son atrasados de sus ideas y concepciones, al otorgar la suspensión definitiva en dos recursos de amparo a la gobernadora de Chihuahua y al gobernador de Coahuila para impedir la distribución de los libros de texto gratuito.

Está resolución de Luis María Aguilar se armonizó al pensamiento retrograda del dirigente del PAN Marko Cortés, quién les ordenó a los padres quemar los libros de texto, hoy los niños se quedaron sin libros en Estados de: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Estado de México. 

Luis María Aguilar es el ministro más autoritario y represivo, propuso recientemente la destitución del presidente de la República si desacataba el amparo en revisión 386/2023, pero legitimó el 20 de junio de 2016 que se iniciaba con operadores de justicia la entrada en vigor en todo el país del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para encubrir el desvió de aproximadamente $158 mil millones de pesos de FASP.

La visión represiva como lo destaca Carlos Monsiváis del pasamiento conservador se hace presente en Luis María Aguilar, quién avaló el sistema de la fabricación de los falsos culpables por delitos de alto impacto, el juicio de amparo directo se negó a miles de inocentes por la mayoría de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de todo el país.

Sin embargo, se otorgaron amparos para descongelar las cuentas bancarias a la esposa de Genaro García Luna, también para el descongelamiento al torturador y mano de derecha en la protección de los narcotraficantes de Genaro García Luna a Luis Cárdenas Palomino, también la protección de la justicia federal para negar la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas acusado por narcotráfico a Francisco Javier Cabeza de Vaca. La visión más represiva del ministro del crimen llevar a inocentes a prisión fabricándoles delitos de alto impacto.

martes, 15 de agosto de 2023

La Corrupción y el Cártel Inmobiliario en el Estado de México




Por José Humbertus Pérez Espinoza

Reflexiono la lectura del Libro de Mario Vargas Llosa “La verdad de las mentiras”, obra importante por lo que actualmente se discute, la muerte de la literatura. Este fenómeno se presenta cuando los grandes literatos dejan de escribir porque muren, los jóvenes que publican basura y que sus libros se ubican en las librerías en los espacios de novedades o que dejaran de escribir por la inteligencia artificial.

Vargas Llosa decía en esta importante obra “las mentiras que somos, las que nos consuelan y desagravian de nuestras nostalgias y frustraciones”, esto ocurre con frecuencia en los Estados, en donde los gobiernos cambian y asumen el poder los gobernantes del partido de Morena.

La maestra Delfina Gómez comenzó con dos verdades que desafían el futuro inmediato de la clase política que en los últimos veintidós años ha ocultado la corrupción y el derecho humano a la vivienda diga, para la próxima Titular del Ejecutivo del Estado de México vivienda adecuada.

Este binomio para los integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., (FMDVD), nos lleva a que se de respuesta a los agravios de nuestras nostalgias y frustraciones de no contar con una vivienda digna y decorosa, derecho humano que no se cumplió, el resultado es que somos víctimas del Cártel Inmobiliario del Estado de México.

El Cártel Inmobiliario como esquema de corrupción se originó en el Estado de México, y forma parte de los acuerdos que el PRI y PAN concretaron con Vicente Fox, después de que perdiera la presidencia de la República Francisco Labastida Ochoa. La mayoría de los diputados de estos partidos realizaron reformas a la legislación urbana y crearon el Banco de Desarrollo de Sociedad Hipotecaria Federal, que serviría para tener una visión fallida de la vivienda en México y saquear los fondos de los trabajadores del INFONAVIT y FOVISSSTE.

El gran artífice del Cártel Inmobiliario Arturo Montiel quién iniciaría los Acuerdos de autorización declarados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como inconstitucionales para la construcción de cientos de conjuntos habitacionales, en donde se defraudaron a miles de familias del Estado de México. 

Arturo Montiel estableció las bases del Cartel Inmobiliario teniendo como operador al secretario de Gobierno Carlos Cadenas Morales, quién orgulloso de su nepotismo su hijo Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano y ex trabajadores del grupo constructor de vivienda Urbi Desarrollos Urbanos, constituyeron en el año 2002 su empresa como traficantes de influencias el Grupo Vinte-Promotora de Viviendas Integrales.
Arturo Montiel Rojas y Carlos Cadena Morales controlaron las licencias del usos del suelos desde el gobierno estatal, para extorsionar concentraron las fianzas del 100% de miles de millones de pesos para construcción de las obras de urbanización, simularon la municipalización de los servicios urbanos al formar una red de presidentes municipales corruptos, les devolvieron las fianzas a las constructoras y dejaron en el olvido a las familias que adquirieron sus viviendas. Hasta la fecha los problemas de infraestructura urbana los padecen los habitantes sin tener una solución de fondo.

La red de presidentes municipales que son parte del Cartel Inmobiliario del Estado de México que tuvo a sus mejores exponentes en Tecámac, Aarón Urbina Bedolla PAN-PVEM-PRI y Sergio Octavio Germán Olivares del PAN, en Cuautitlán Izcalli, Alfredo Duran Reveles y David Ulises Guzmán Palma ambos del PAN, Paulina Alejandra del Moral Vela y Héctor Karim Carvallo Delfín estos últimos del PRI y en Ecatepec Eruviel Ávila Villegas del PRI. 


El veinticinco de octubre de dos mil cinco el Síndico municipal Héctor Marcelo Olivares Morales, por instrucciones del presidente municipal Tecámac del PVEM-PRI Aarón Urbina Bedolla, interpuso la controversia constitucional 66/2005 y después de negociar Urbina Bedolla con Arturo Montiel quisieron retirar la citada controversia, los Ministros de la SCJN se opusieron, le dieron trámite y resolvieron el catorce de octubre de dos mil ocho como inconstitucional el Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano Rancho La Capilla.

Los efectos de la sentencia de la controversia constitucional 66/2005 es que la norma general, es decir, el Acuerdo de Autorización no podrá publicarse con las autorizaciones que fueron materia del fondo de asunto, principalmente las facultades constitucionales otorgadas al municipio en materia de asentamientos humanos. 

Aarón Urbina Bedolla y los siguientes presidentes municipales hasta el 2023, no dieron cumplimiento a la controversia constitucional 66/2005, los exgobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas siguieron publicado los Acuerdos de Autorización para extorsionar con las licencias del uso de suelo y devolver las fianzas a las constructoras, que representa un quebranto en materia de desarrollo urbano para los municipios aproximadamente $250 mil millones de pesos.

Los ministros evitaron que las operaciones ilícitas del Cartel inmobiliario del Estado de México continuaran publicando Acuerdos de Autorización para la construcción de conjuntos habitacionales inconstitucionales, con estos actos contraviniendo la defensa de la constitución y la supremacía constitucional, incluso el Ministro Salvador Aguirre Anguiano señaló que se “ordenaba a las autoridades que hayan recibido dinero con motivo de la autorización del conjunto urbano lo restituyan al municipio, incluso con las consecuencias legales de la retención”, no los devolvieron se los repartieron y no hubo consecuencias legales, el premio la impunidad.

Es aquí donde se entiende como Aarón Urbina Bedolla de ser un vendedor de muebles se convertiría en un “próspero” “empresario”, que lo llevó a convertirse en cuatro veces presidente municipal de Tecámac y en presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Estado de México, agarrados de la mano de los exgobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas que continuaron al mentor del Cártel Inmobiliario del Arturo Montiel Rojas.

Para el FMDVD el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los presidentes municipales de Morena se abrió la esperanza para cumplir con el derecho humano de vivienda digna, los principios de AMLO de no robar, no traicionar y no engañar fueron solo palabras, los alcaldes de MORENA de Cuautitlán Izcalli Ricardo Núñez, de Melchor Ocampo Victoria Aurelia Víquez Vega y de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante no realizaron la recuperación administrativa y de las fianzas de los municipios y protegieron al Cártel Inmobiliario del Estado de México.

El partido de Morena y su presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante perdonaron a Aarón Urbina Bedolla y solo la Contraloría del municipio de Tecámac el 24 de noviembre de 2020 lo inhabilitó por dos años, Gutiérrez Escalante, recientemente conoció los actos de corrupción cometidos en el Conjunto Urbano Real Granda y las graves inundaciones, que se construyó en un ejido, cuando se le preguntó por transparencia si inició una carpeta de investigación en contra de Urbina Bedolla, no respondió este punto a nuestra solicitud de información y transparencia. 


La pregunta es ¿La maestra Delfina Gómez, terminará con la verdad de las mentiras, de las mentiras que somos, las que nos consuelan, desagravian nuestra nostalgia y frustraciones?

lunes, 7 de agosto de 2023

Vecinos de Tecámac y Cuautitlán Izcalli piden "el derecho al tanto" a sus gobiernos municipales


* Karla Fiesco, se negó, esperan respuesta de Mariela Gutiérrez.

Agencia MANL 

Estado de México.- Vecinos de conjuntos urbanos de Tecámac y Cuautitlán Izcalli solicitaron de forma oficial y legal a los gobiernos de Mariela Gutiérrez y Karla Fiesco, respectivamente, decretar la recuperación administrativa de sus unidades habitacionales en base a una Controversia Constitucional aprobada en 2005 por 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De manera legal, los colonos de los conjuntos Quinta Montecarlo y Balboa, en Cuautitlán Izcalli, y Fase 1 y 2 de Quinta Sección y Sexta de Villa del Real, en Tecámac, solicitaron que ambos gobiernos de Karla Fiesco, y Mariela Gutiérrez, respectivamente, aseguren estos conjuntos habitacionales por el incumplimiento a la Controversia Constitucional 066/2005.

Cabe señalar que la Controversia en cuestión tiene como objeto que se declare inconstitucional todo aquel acuerdo de autorización para conjuntos urbanos que no le dieran importancia central a los municipios con licencias de uso de agua, para la fusión, subdivisión y lotificación, y en ambos municipios, Tecámac y Cuautitlán Izcalli no lo llevaron a cabo, lo ejecutó el gobierno del estado de México.

José Humbertús Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. fundamentó con la controversia: “en la sesión pública 106 del 14 de octubre del 2005, el ministro Aguirre Anguiano, manifestó su coincidencia a lo expuesto por el ministro Góngora Pimentel”.

Además, “sugirió que con fundamento en el artículo 115 fracción 5ª. Constitucional del Código Administrativo del estado de México se ordena a las autoridades que hayan recibido dinero con motivo de la autorización del conjunto urbano, lo restituya al municipio, incluso con las consecuencias legales de la retención”. 

La Controversia Constitucional la presentó el ex alcalde Aarón Urbina en 2005 y la SCJN en respuesta decretó inconstitucional los acuerdos de los conjuntos urbanos, cuyas licencias de uso de suelo las haya autorizado el gobierno del estado, ante lo cual el municipio de Tecámac ganó la Controversia Constitucional y se genera una tesis que es aplicada para otros estados, pero de forma obligatoria en el estado de México, y por ende el municipio tecamaquense.

Por lo anterior, los colonos de Cuautitlán Izcalli y Tecámac evocaron la resolución de la Controversia Constitucional y
solicitaron a sus respectivos ayuntamientos, y  
alcaldesas, de forma oficial y legal, la recuperación administrativa de sus unidades urbanas basados en la ley de bienes del estado de México y municipios en su articulo 27.

Karla Fiesco, presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, se negó, ante lo cual los colonos de Quinta Montecarlo y Balboa, recurrieron al amparo, y promoverán se sancionesu omisión, Mientras que Mariela Gutiérrez Escalante, de Tecámac, no ha contestado la petición de los vecinos Fase 1 y 2 de Quinta Sección y Sexta de Villa del Real ni acordado en sesión de cabildo la recuperación de los conjuntos habitacionales.

Por lo anterior, vecinos de Cuautitlán Izcalli y Tecámac analizan realizar otras acciones por la falta de respuesta.