Por José Humbertus Pérez Espinoza
Reflexiono la lectura del Libro de Mario Vargas Llosa “La verdad de las mentiras”, obra importante por lo que actualmente se discute, la muerte de la literatura. Este fenómeno se presenta cuando los grandes literatos dejan de escribir porque muren, los jóvenes que publican basura y que sus libros se ubican en las librerías en los espacios de novedades o que dejaran de escribir por la inteligencia artificial.
Vargas Llosa decía en esta importante obra “las mentiras que somos, las que nos consuelan y desagravian de nuestras nostalgias y frustraciones”, esto ocurre con frecuencia en los Estados, en donde los gobiernos cambian y asumen el poder los gobernantes del partido de Morena.
La maestra Delfina Gómez comenzó con dos verdades que desafían el futuro inmediato de la clase política que en los últimos veintidós años ha ocultado la corrupción y el derecho humano a la vivienda diga, para la próxima Titular del Ejecutivo del Estado de México vivienda adecuada.
Este binomio para los integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C., (FMDVD), nos lleva a que se de respuesta a los agravios de nuestras nostalgias y frustraciones de no contar con una vivienda digna y decorosa, derecho humano que no se cumplió, el resultado es que somos víctimas del Cártel Inmobiliario del Estado de México.
El Cártel Inmobiliario como esquema de corrupción se originó en el Estado de México, y forma parte de los acuerdos que el PRI y PAN concretaron con Vicente Fox, después de que perdiera la presidencia de la República Francisco Labastida Ochoa. La mayoría de los diputados de estos partidos realizaron reformas a la legislación urbana y crearon el Banco de Desarrollo de Sociedad Hipotecaria Federal, que serviría para tener una visión fallida de la vivienda en México y saquear los fondos de los trabajadores del INFONAVIT y FOVISSSTE.
El gran artífice del Cártel Inmobiliario Arturo Montiel quién iniciaría los Acuerdos de autorización declarados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como inconstitucionales para la construcción de cientos de conjuntos habitacionales, en donde se defraudaron a miles de familias del Estado de México.
Arturo Montiel estableció las bases del Cartel Inmobiliario teniendo como operador al secretario de Gobierno Carlos Cadenas Morales, quién orgulloso de su nepotismo su hijo Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano y ex trabajadores del grupo constructor de vivienda Urbi Desarrollos Urbanos, constituyeron en el año 2002 su empresa como traficantes de influencias el Grupo Vinte-Promotora de Viviendas Integrales.
Arturo Montiel Rojas y Carlos Cadena Morales controlaron las licencias del usos del suelos desde el gobierno estatal, para extorsionar concentraron las fianzas del 100% de miles de millones de pesos para construcción de las obras de urbanización, simularon la municipalización de los servicios urbanos al formar una red de presidentes municipales corruptos, les devolvieron las fianzas a las constructoras y dejaron en el olvido a las familias que adquirieron sus viviendas. Hasta la fecha los problemas de infraestructura urbana los padecen los habitantes sin tener una solución de fondo.
La red de presidentes municipales que son parte del Cartel Inmobiliario del Estado de México que tuvo a sus mejores exponentes en Tecámac, Aarón Urbina Bedolla PAN-PVEM-PRI y Sergio Octavio Germán Olivares del PAN, en Cuautitlán Izcalli, Alfredo Duran Reveles y David Ulises Guzmán Palma ambos del PAN, Paulina Alejandra del Moral Vela y Héctor Karim Carvallo Delfín estos últimos del PRI y en Ecatepec Eruviel Ávila Villegas del PRI.
El veinticinco de octubre de dos mil cinco el Síndico municipal Héctor Marcelo Olivares Morales, por instrucciones del presidente municipal Tecámac del PVEM-PRI Aarón Urbina Bedolla, interpuso la controversia constitucional 66/2005 y después de negociar Urbina Bedolla con Arturo Montiel quisieron retirar la citada controversia, los Ministros de la SCJN se opusieron, le dieron trámite y resolvieron el catorce de octubre de dos mil ocho como inconstitucional el Acuerdo de Autorización del Conjunto Urbano Rancho La Capilla.
Los efectos de la sentencia de la controversia constitucional 66/2005 es que la norma general, es decir, el Acuerdo de Autorización no podrá publicarse con las autorizaciones que fueron materia del fondo de asunto, principalmente las facultades constitucionales otorgadas al municipio en materia de asentamientos humanos.
Aarón Urbina Bedolla y los siguientes presidentes municipales hasta el 2023, no dieron cumplimiento a la controversia constitucional 66/2005, los exgobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas siguieron publicado los Acuerdos de Autorización para extorsionar con las licencias del uso de suelo y devolver las fianzas a las constructoras, que representa un quebranto en materia de desarrollo urbano para los municipios aproximadamente $250 mil millones de pesos.
Los ministros evitaron que las operaciones ilícitas del Cartel inmobiliario del Estado de México continuaran publicando Acuerdos de Autorización para la construcción de conjuntos habitacionales inconstitucionales, con estos actos contraviniendo la defensa de la constitución y la supremacía constitucional, incluso el Ministro Salvador Aguirre Anguiano señaló que se “ordenaba a las autoridades que hayan recibido dinero con motivo de la autorización del conjunto urbano lo restituyan al municipio, incluso con las consecuencias legales de la retención”, no los devolvieron se los repartieron y no hubo consecuencias legales, el premio la impunidad.
Es aquí donde se entiende como Aarón Urbina Bedolla de ser un vendedor de muebles se convertiría en un “próspero” “empresario”, que lo llevó a convertirse en cuatro veces presidente municipal de Tecámac y en presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Estado de México, agarrados de la mano de los exgobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas que continuaron al mentor del Cártel Inmobiliario del Arturo Montiel Rojas.
Para el FMDVD el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los presidentes municipales de Morena se abrió la esperanza para cumplir con el derecho humano de vivienda digna, los principios de AMLO de no robar, no traicionar y no engañar fueron solo palabras, los alcaldes de MORENA de Cuautitlán Izcalli Ricardo Núñez, de Melchor Ocampo Victoria Aurelia Víquez Vega y de Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante no realizaron la recuperación administrativa y de las fianzas de los municipios y protegieron al Cártel Inmobiliario del Estado de México.
El partido de Morena y su presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante perdonaron a Aarón Urbina Bedolla y solo la Contraloría del municipio de Tecámac el 24 de noviembre de 2020 lo inhabilitó por dos años, Gutiérrez Escalante, recientemente conoció los actos de corrupción cometidos en el Conjunto Urbano Real Granda y las graves inundaciones, que se construyó en un ejido, cuando se le preguntó por transparencia si inició una carpeta de investigación en contra de Urbina Bedolla, no respondió este punto a nuestra solicitud de información y transparencia.
La pregunta es ¿La maestra Delfina Gómez, terminará con la verdad de las mentiras, de las mentiras que somos, las que nos consuelan, desagravian nuestra nostalgia y frustraciones?
