“Cártel de la Toga” opera en el PJEM

 

* Actuarios hacen la intermediación con un “Cártel inmobiliario” en la entidad.

#PJEM #EDOMEX #CDMX #Toluca #Tecámac #Nezahualcóyotl #CuautitlánIzcalli

Agencia MANL

Toluca, Méx.- “El Cártel de la Toga” en complicidad con un “Cártel inmobiliario” mexiquense operan en municipios del estado de México en colusión con actuarios y jueces del Consejo de la Judicatura Federal para despojar y desalojar de sus vviiendas a titulares de créditos inmobiliarios bajo procesos ilegales que configuran el delito procesal con la negativa de amparo y compra de derechos litigiosos que en combinación todos los operadores simulan legal la ilegalidad.

Apenas en enero pasado el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar tomó protesta a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Poder Judicial del estado de México, y pese a varias denuncias dentro del poder judicial, entre jueces y ministros, la impunidad de magistrados y juzgadores continúa, de la mano con actuarios, quienes resultan ser “intermediarios” entre “El Cártel de la Toga” y el “Cártel inmobiliario”.

Lo anterior se dió a conocer en la plataforma de “Prisionero de Conciencia”, como resultado de una exhaustiva investigación encabezada por José Humbertus Pérez Espinoza, cuyo origen de la indagación se da en la entidad mexiquense, a partir de municipios como Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, y finalmente en la Ciudad de México, escenarios que comprueban las operaciones de ambos grupos aprovechando las omisiones de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).

Cabe recordar que SHF fue creada en 2001, como una institución financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo con el fin de propiciar el acceso a la vivienda, pero magistrados del PJEM en total total impunidad  la utilizan para realizar desalojos de viviendas en conjuntos urbanos, pues incurren en delitos procesales, omiten el derecho al tanto, y junto con  jueces federales niegan amparos sin dar validez a las pruebas que demuestran la ilegalidad, para favorecer "en contubernio y complicidad a compradores de derechos litigiosos".

De acuerdo a la investigación dada a conocer en "Prisionero de Conciencia", los juzgadores operadores que encabezan el "Cártel de la Toga" señalan a los magistrados, David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, del Juzgado Quinto Civil, del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en el municipio de Tecámac, zona donde se operan los despojos y desalojos.

Humbertus Espinoza, advirtió que Sociedad Hipotecaría Federal (SHF) es la única que tiene el gravamen para realizar la “venta perfecta” de viviendas y los magistrados omiten este sustento legal para realizar actos simulados con el "Cártel inmobiliario", y les otorgan la adjudicación directa, sin otorgarles el derecho al tanto a los que tienen la hipoteca.

Con lo anterior se configura el delito procesal y con ello ambos grupos hacen el despojo de las viviendas de manera impune, en contubernio con magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, quienes en lugar de proteger al titular de la vivienda, se les niegan el derecho al amparo, esto como parte del actuar del “Cártel de la Toga”.

Entre las indagaciones señalan que actuarios acuerdan con los integrantes del “Cártel inmobiliario” para "ponerse de acuerdo" en los procesos y desalojos, incluso hay carpetas de los juicios "rasurados" desde los juzgados que los involucran con “el grupo criminal” que se apodera de los inmuebles.

Milenio Diario niega derecho de réplica a activista señalado por acoso sexual

#CDMX #Edomex #PIDH #monterrey #CNDH #CODHEM #Milenio 

Agencia MANL 

Ciudad de México.- El periódico Milenio Diario niega su derecho de réplica al activista y defensor de Derechos Humanos, José Humbertus Pérez Espinosa, que en su edición diaria e impresa lo señala como acosador sexual.

El también fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) explica que el periódico de circulación nacional, cuyos orígenes son de la ciudad de Monterrey, se ha negado a publicar su derecho de réplica, tras presuntas acusaciones en su contra por acoso sexual que son en su perjuicio personal e imagen. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 66,primer párrafo se tiene previsto el derecho de la réplica y dispone sea ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

La última reforma publicada DOF 30-05-2018 de la ley reglamentaria del artículo 6o. Párrafo Primero de la Constitución en materia de Derecho de Réplica  en su artículo 2 inciso II, se refiere al derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes.

Destaca respecto a los “datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen".

Dijo ser víctima de una estrategia del FAKE NEWS para fabricarle delitos al encabezar el Frente Mexiquensea para una Vivienda Digna (FMVD) que lo llevaron a prisión y estando encarcelado utilizan a personas vinculadas a nuestro movimiento o que formaron parte de él y se prestan para continuar con la fabricación de delitos.

Además,  José Humbertus, advierte que organizaciones recurren a la  difamación y la calumnia para desprestigiarlo  a él y al FMVD A.C., y a PIDH A.C.   apoyadas por funcionarios del Poder Judicial del Estado de México, de la Fiscali del Estado de México y por el diputado Sergio García Sosa.

 Finalmente en los textos que difundió. Pérez Espinoza, puntuliza en cada uno de los señalamientos que Milenio Diario difundió en sus páginas en contra del activista mexiquense, por lo que espera se haga valer su derecho de réplica.

El fraude inmobiliario en Edomex se originó a partir de SHF

* Al igual que en todo el pais

* Magistrados y jueces permiten el despojo de viviendas 

Agencia MANL 

Estado de México.- Jueces y magistrados del fuero federal permiten el despojo de viviendas en los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, principalmente en la entidad mexiquense, violando los criterios del Poder Judicial de la Federación, utilizando una jurisprudencia del 2019 de manera retroactiva, así lo denunció José Humbertús Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C..

Recordó que las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento entre 1999 y 2012 con el aval de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ante lo cual existe una denuncia penal desde febrero del 2011 en la FGR, antes PGR, contra Javier Gavito Mohar y Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, ex directivos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) por fraude genérico, peculado, lavado de dinero, delito de fraccionadores inmobiliarios, entre otros.

El FMVD, explicó, acreditó el 19 de marzo de 2009, en las denuncias UEIDFF/FINM/06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010) delitos cometidos que se plasmaron mediante contrato por las desarrolladoras de vivienda tales como Promotora de Viviendas Integrales y de Desarrolladoras, Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara y Sadasi, entre otras.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR), explicó, tenía que haber acordado desde 2010 la suspensión de los procesos civiles y mercantiles, porque las casas y los créditos se encuentran en un proceso penal, y no obstante que se cometieron estas conductas, ahora simulan actos jurídicos “nos demandan por la vía civil o mercantil para quitarnos nuestras viviendas”.

José Humbertus, explicó que el FMVD ya hizo de su conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los desalojos ilegales que están cometiendo los jueces y magistrados federales, así como también los jueces y magistrados del Poder Judicial de los Estados de la República. a partir de la jurisprudencia: REMATE JUDICIAL, LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE, la cual no se puede aplicar de manera retroactiva cuando los juicios civiles y mercantiles se iniciaron antes del julio de 2019, fecha en que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación.

Además, Pérez Espinoza, destacó que no se cumple la figura de la venta perfecta en los casos cuando las hipotecarias “principalmente” Patrimonio, Bancomer, Santander, administradoras de cartera “que nos demandaron se adjudicaron en el remate de nuestras viviendas, (utilizando la jurisprudencia después de julio de 2019), mediante una sesión honorosa o venta de derechos litigiosos ejecutan los desalojos con terceros”.

Lo anterior, dijo, es un delito o fraude procesal, y las policías municipales son sorprendidas por el desconocimiento de la ley, como en el caso de Tecámac, en el estado de México, la Guardia Civil acompaña a realizar los desalojos ilícitos, ordenados por el Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, mediante juicios mercantiles, utilizando la jurisprudencia del 2019 con lo que violan los criterios del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, asegura que los Jueces de Distrito y Magistrados Federales deben resolver a favor de los que adquirieron los créditos de las viviendas y darles la razón jurídica en el derecho del tanto, o sea la posibilidad jurídica que le da la ley a un copropietario para adquirir, en igualdad de circunstancias, respecto de cualquier tercero. “Este derecho tiene supremacía constitucional para que podamos liquidar los créditos hipotecarios como lo ha propuesto los dueños del dinero o dueños de las hipotecas que es SHF”, concluyó.

Ricardo Sodi Cuellar, el "Magistrado del PRI"

#PRI #PJEM #Edomex #Toluca 

#PIDH #FMVD 

Agencia MANL

Toluca, Méx.- El fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), José Humbertús Pérez Espinoza, cuestionó el Tercer Informe de Desarrollo Estratégico, del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, que rindió frente al Poder Judicial, el cual calificó como un “discurso lleno de falsedades”, en presencia del gobernador Alfredo del Mazo y ex gobernadores priístas, y con ello criticó al magistrado de encabezar un “Tribunal de la dictadura del PRI”. 

Lo que llamó "contra informe" y en respuesta a lo vertido por Sodi Cuellar, Pérez Espinosa, destacó que en comparación de otros magistrados, el titular del PJEM no habló de “cífras, presupuestos y ahorros”, con su actuar y la presencia de los priistas “en primera fila”, comprueba que el magistrado está dedicado y en plena campaña para ser ministro de la corte.

En un supuesto ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, en presencia Del Mazo, "y de los ex gobernadores Arturo Montiel Rojas César Camacho Quiroz, y Eruviel Ávila", presentó en Pleno del Tribunal Superior de Justicia, su Tercer Informe, con el que “confirmó que violó el artículo 110 de la Constitución”.

El ex prisionero de conciencia destacó que en el apartado de “los magistrados del fuero común asienta que "pueden ser sujetos a juicio político si se acredita que violaron los derechos humanos, como en el caso de Sodi Cuellar", quien “es conocedor de la fabricación de delitos "y de los de alto impacto y no se den las libertades”, pese a ser “fabricados”. 

Destacó que “por instrucción de Ricardo Sodi Cuellar”, los jueces del fuero común en el estado de México, ordenan que se quiten casas a particulares sin permitirles el Derecho al tanto, pues ilegalmente hacen retroactiva una jurisprudencia  “para desalojar a miles de familias en la entidad” y “vender sus casas más baratas a grupos inmobiliarios a terceros de 220 mil a un millón de pesos”. 

Criticó al grupo parlamentario de la LXI Legislatura de Morena "por prestarse a este tipo de informe cuando debieron de dar entrada a su petición   para que los jueces David Velázquez Vargas y Alejandro Flores, fueran sometidos a investigación por corrupción” por ser los principales autores de desalojos ilegales de viviendas en la entidad. 

El también presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (FMVD), anunció que se promoverá un juicio político contra el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, por los despojos de viviendas y sentencias a inocentes en los penales mexiquenses que se les sigue juzgando  por clara violación a sus derechos humanos. 

Adelantó que PIDH iniciará una denuncia penal contra los integrantes de la LX y LXI Legislatura que “no quisieron supervisar los recursos del sistema penal acusatorio y a Sodi Cuellar, por no rendir cuentas de ese dinero y del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública.

Sigue el fraude inmobiliario en el gobierno federal

* SHF proporcionó pruebas contra funcionarios 

#Edomex #CDMX #SHF #PIDH #FMVD #Banobras 

Agencia MANL 

Estado de México.- Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de SHF malbarata la cartera vencida de los créditos hipotecarios en la entidad mexiquense, y en distintos estado del país, porque con subastas simuladas, se vendieron miles de casas al 14% , entre 50 y 70 mil pesos, cuyas pruebas fueron proporcionadas por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C., José Humbertus Pérez Espinosa, dio a conocer que SHF proporcionó información que comprueba que se vendieron en subastas paquetes a administradoras de créditos y portafolios e inmobiliarias, SOFOLES y SOFOMES. "La propia SHF les otorgó créditos a los adquirientes de la cartera que se simuló para la “subasta” como en los casos de Desetec, Amaral y Zendere, entre otros".

El economista explicó que durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018).

El ex prisionero de conciencia refiere que aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: 1. Corrupción, 2. Rescates financieros, 3. Endeudamiento y 4. Creación de fideicomisos.

"Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente $1 billón 300 mil millones de pesos", denunció Pérez Espinosa.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, pertenece al grupo de los 10 hombres más ricos del estado de Nuevo León, y concretamente, a los hermanos: César Manuel Gutiérrez Muguerza, José Manuel Gutiérrez Muguerza e Ignacio Javier Farías Camperos, quienes han sido protegidos por el actual director de SHF, al igual que a las empresas Patrimonio y Tertius. "Son las únicas hipotecarias y administradoras que han sobrevivido a la crisis hipotecarias desde el 2008 y a la debacle de la vivienda en México.

Existe, dijo, una prueba plena de cómo Jorge Alberto Mendoza Sánchez a petición de la Fiscalía General de la República, en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XV/32/2011, habilitó como apoderado legal de SHF a Guillermo Mendoza Villalba, quien presentó un escrito el 30 de julio del 2019. 

En dicho documento señala que Gabriela Gurrea Martínez o (Daniella Gurrea Martínez) no ha sido empleada de SHF, sin embargo, nosotros demostramos desde el 2014 por medio de transparencia que Daniella Gurrea Martínez ingresó a SHF el 16 de julio del 2004 y renunció el 1º de enero del 2014 con un sueldo de $105,053 y se desempeñaba como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y su nombramiento se lo otorgó Guillermo Enrique Babatz Torres Ex Director de SHF.

Finalmente, señaló, la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y es por eso que hace unas semanas se presentó una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: 1. investigar todo acto de corrupción, 2. no rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, 3. no endeudarse, y 4. no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federales

LA CRISIS HIPOTECARIA EN MÉXICO FUE DEFINIDA COMO GRANDES BOMBAS DE TIEMPO, PARA HACER GRANDES NEGOCIOS AL AMPARO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.

Durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018), aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: 1. Corrupción, 2. Rescates financieros, 3. Endeudamiento y 4. Creación de fideicomisos.

Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente $1 billón 300 mil millones de pesos.

Estamos por cumplir cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y SHF, durante la presente administración y como director del Banco de Desarrollo Jorge Alberto Mendoza Sánchez, está aplicando las mismas políticas de corrupción e impunidad, al no querer investigar los fraudes generalizados en el otorgamiento de miles de créditos hipotecarios con recursos federales, y principalmente del endeudamiento.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, pertenece al grupo de los 10 hombres más ricos del estado de Nuevo León, y concretamente, a los hermanos: César Manuel Gutiérrez Muguerza, José Manuel Gutiérrez Muguerza e Ignacio Javier Farías Camperos, quienes el actual director de SHF Mendoza Sánchez los ha protegido y las empresas Patrimonio y Tertius son las únicas hipotecarias y administradoras que han sobrevivido a la crisis hipotecarias desde el 2008 y a la debacle de la vivienda en México.

Incluso el pasado 3 de junio 2019 le presentamos al director de SHF Jorge Alberto Mendoza Sánchez un escrito, en donde estando en prisión como preso político y prisionero de conciencia, le denuncié que mi reclusión se debió a la fabricación de cuatro delitos, por denunciar y dar a conocer el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México.

De este comunicado nunca tuvimos respuesta, no obstante, que cuando obtuve mi libertad después de cuatro años y dos meses el Sub-secretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, nos ofreció que se le daría una salida al problema hipotecario del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.

Esta promesa no se cumplió y mucho menos, la invitación que tendría para asistir a la conferencia de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde denunciaría el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México y los falsos culpables en las cárceles del Estado de México y el país.

Es importante destacar que los intereses que se opusieron a que asistiera a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, vino de Sergio Gutiérrez Muguerza, hermano de los dueños de Patrimonio y Tertius. El impedimento se explica porque a toda costa ocultaron a que se diera a conocer el gran fraude que cometieron los gobiernos neoliberales a millones de familias mexicanas a través de SHF.

Es decir, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de SHF siguió malbaratando la cartera vencida de los créditos hipotecarios, porque es claro que las subastas simuladas, se vendieron al 14% y por la información que recientemente nos envió SHF, los paquetes que se vendieron en subastas a administradoras de créditos y portafolios e inmobiliarias, SOFOLES y SOFOMES, la propia SHF les otorgó créditos a los adquirientes de la cartera que se simuló para la “subasta” como en los casos de Desetec, Amaral y Zendere, entre otros.

El fracaso de los 12 principales fideicomisos representó un rescate financiero que salvó a la oligarquía financiera, y la única que sobrevivió fue Patrimonio, que aprovechando la crisis hipotecaria y que uno de sus principales dueños Ignacio Javier Farías Camperos, las denominó verdaderas bombas de tiempo, para hacer grandes negocios. La primer gran bomba de tiempo, después de la crisis hipotecaria del 2008 fue Tertius, Administradora de Portafolios, que se constituyó el día 12 de octubre del 2010.

Los dueños de Patrimonio y Tertius férreos opositores al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, finalmente lograron apoderarse de dos bancos de desarrollo: SHF y Banobras, en donde aparece como director de ambos bancos Jorge Alberto Mendoza Sánchez.

Tenemos todas las pruebas que acreditan el gran acto de corrupción que cometió Jorge Alberto Mendoza Sánchez al vender parte de la cartera vencida de los fideicomisos F/262757 y F/262323, en donde, se le regaló a ZENDERE el 26 de febrero del 2020 miles de créditos al 14% de su valor al capital, es decir, le vendieron cada inmueble entre $50,000 y $70,000 pesos, no obstante, de malbaratar indebidamente la cartera y tomando una actitud racista discriminatoria, no se les ofreció el derecho del tanto a los verdaderos titulares.

El FMDVD tiene en su poder toda la información que nos fue entregada por la propia SHF en donde, se acredita paso a paso cómo se simularon las subastas, vendiendo barata la cartera vencida y regalaron de la panza de FOBAPROA de los fideicomisos F/262757 y F/262323, generando grandes ganancias en miles de millones de pesos para Patrimonio, Tertius, Desetec, Amaral y Zendere en la época de la 4T.

Existe una prueba plena de cómo Jorge Alberto Mendoza Sánchez a petición de la Fiscalía General de la República, en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XV/32/2011, habilitó como apoderado legal de SHF a Guillermo Mendoza Villalba,  quien presentó un escrito el 30 de julio del 2019, esta documental pública señala que Gabriela Gurrea Martínez o (Daniella Gurrea Martínez) no ha sido empleada de SHF, sin embargo, nosotros demostramos desde el 2014 por medio de transparencia que Daniella Gurrea Martínez ingresó a SHF el 16 de julio del 2004 y renunció el 1º de enero del 2014 con un sueldo de $105,053 y se desempeñaba como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y su nombramiento se lo otorgó Guillermo Enrique Babatz Torres Ex Director de SHF.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez y Guillermo Manuel Mendoza Villalba, director y apoderado de SHF, ocultaron a toda costa información que tenían en su poder para que la FGR no investigara a Gabriela o Daniella Gurrea Martínez porque fue la principal operadora del rescate financiero de las SOFOLES-SOFOMEX, y fue la que firmó la creación de los fideicomisos con el poder que le otorgó Javier Gavito Mohar entonces Director de SHF, y así evitar que los fideicomisos y el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario quedara impune.

Finalmente, por toda esta lucha que hemos dado, en los últimos 13 años y que fue la causa de mi prisión, la persecución de mi familia, de mis compañeros, y la represión, para que mediante el fraude procesal nos quitaran los inmuebles, no obstante que, estaban impedidos porque existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que, los procesos civiles o mercantiles quedarán suspendidos, que cuando previo a una controversia jurisdiccional o dentro de la misma aparezcan conductas ilícitas, no se podrán continuar con los juicios civiles y mercantiles, hasta que no concluya el proceso penal.

La prisión enseñó al FMDVD, que aún en la cárcel, se puede luchar, y así nació cómo se organiza una rebelión desde la cárcel, y descubrimos que las prisiones en México están llenas de falsos culpables por delitos de alto impacto que no cometieron.

Como prisionero de conciencia y expreso político, fui liberado el 20 de enero del 2020 por la Política de Amnistía que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tuve el honor de ser el 47 preso político que fue puesto en libertad, y esto como el compromiso 88 que el presidente Andrés López Obrador se comprometió al inicio de su mandato.

Por esto tenemos la autoridad moral para pedirle al presidente de la República y al fiscal general de la República que deben ejercitar la acción penal en la averiguación previa del 2011, así como también, ejercitar la acción penal en contra de los verdugos que me llevaron a prisión como falso culpable, y que también son responsables de que muchos falsos culpables estén en la cárcel del Estado de México.

En este caso la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y en esta ocasión, presentamos una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: 1. investigar todo acto de corrupción, 2. no rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, 3. no endeudarse, y 4. no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federales. 

A t e n t a m e n t e  

José Humbertus Pérez Espinoza

Presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.

Ex Preso de Conciencia y Preso Político

Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C.

CIDH y FMDVD denuncian ante la OEA que en el Edomex despojan viviendas y fabrican delitos a falsos culpables

Agencia MANL

Lima, Perú.-  El Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna (FMDVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron ante 53 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra en Lima en Perú, el despojo de viviendas y las graves violaciones de los derechos humanos de los falsos culpables, la fabricación de delitos, la tortura, tratos crueles, los más de 200 asesinatos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el Estado de México. Ambas quejas y denuncias  serán turnadas a los organismos del Sistema Interamericano de Derechos. Humanos.

Jose Humbertus Pérez Espinoza, fundador de FMDVD y PIDH, presentó  dos quejas  ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y él organismo encargado de reunirse con las organizaciones o colectivos defensores de derechos humanos de la OEA donde les cse presentó la denuncia por la violación al Derecho Humano de Segunda Generación de Vivienda Digna y Decorosa, agravio en contra de las familias del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna y Decorosa (FDVD).

CONTRA DESALOJOS                                           En esta queja, explicó, el FMDVD documentó con "un amplio expediente compuesto principalmente de las cuatro carpetas fabricadas en mi contra, por defender el derecho humano de segunda generación de vivienda digna y decorosa", tras las demandas de  los supuestos incumplimientos de los contratos, los desalojos violentos de las viviendas y de su patrimonio.

 
"Se confirmó el carácter de preso de conciencia que me otorgó el representante del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos en México y se presentó la constancia, en donde se acredita ser el 47 preso de conciencia y político liberado por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dentro de la queja se destacó que el FMDVD presentó la primera denuncia penal en la PGR y que se radicó desde el 19 de marzo de 2009, que sirvió de base para tres averiguaciones previas y teniendo como base la radicada la del año 2011", destacó el ex prisionero de conciencia.

También se acredita como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), resolvió a nuestro favor dos recomendaciones desde el 31 de julio de 2014, para que se atendiera y resolviera la reparación del daño a favor de las familias que formamos el FMDVD, destacando que no obstante que SHF, INFONAVIT y FOVISSSTE conocieron el MEGA Fraude Hipotecario en México, permitieron que las constructoras e SOFOLES-SOFOMES y Bancos Privados mediante el fraude procesal "nos despojaran de nuestras viviendas".


FALSOS CULPABLES

Pérez Espinosa, destacó que con respecto a Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) se acreditó que existen miles de falsos culpables por delitos de alto que son inocentes, falsos culpables de fuero común y por delitos federales, principalmente los falsos culpables del Estado de México.

Se acreditó que PIDH es el colectivo en defensa de derechos humanos de las personas privadas de la libertad que son falsos culpables, por delitos fabricados y que somos los autores de la Ley de Amnistía del Estado de México que incluimos los casos que por su relevancia deberán de otorgarnos las opiniones consultivas a favor de los falsos culpables por delitos de alto impacto porque son inocentes.

También les informamos que se entregaron los patrones de fabricación de delitos que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que el Presidente del Poder Judicial del Estado de México sé comprometió a recibir y después los negó.

Toma relevancia dentro de las pruebas que presentamos a la CIDH los casos de los jueces del Estado de México, que en la audiencia del juicio oral exponen y sentencian con pruebas testimoniales que la víctima u ofendido nunca señalaron en el juicio oral.

Esta grave violación al debido proceso y a los derechos humanos, él jueces corrige al ministerio público y en una acción concertada con el “consentimiento de los titulares de la Fiscalía del Estado de México y del Poder Judicial”, así se emiten falsas sentencias para condenar a inocentes por delitos de alto impacto.

Es importante señalar que le solicitamos a la CIDH para que se lleve a cabo la Visita In Situ para que se investigue y acredite las graves violaciones a los derechos humanos de los falsos culpables, como resultado por no haber instalado y consolidado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y carecer de operadores de justicia.

"Nuestra lucha no quedará impune y nuestros derechos a la vivienda y la libertad son nuestros, son derechos que nacimos con ellos e inseparables. No será fácil acallar los gritos de justicia, de sufrimiento y de libertad, en otras palabras no logran enterrar la Ley de Amnistía del Estado de México y tampoco que los falsos culpables continúen en prisión", 

Finalmente José Humbertus Pérez Espinosa, informó que PIDH defenderá la Ley de Amnistía del Estado de México. “Vamos a la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables”. “No al Nuevo Código Penal del Estado de México”. “Si al Código Penal Único o Código Penal Nacional”.