Crisis de justicia en el Estado de México: denuncian simulación y fabricación de delitos

 

Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar 

* Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez

Por Redacción / Agencia MANL 

Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.

Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES

El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida de, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados ​​fabricados.

FISCAL BAJO FUEGO

El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.

José Luis Cervantes Martínez. 

"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.

SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.

LLAMADO A LA ACCIÓN 

Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.

La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.

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Nueve Años de Infamia: La Voz de José Humbertus Pérez Espinoza en la Lucha por la Justicia

 

Agencia MANL

Estado de México.- El 4 de noviembre de 2015, una fría mañana en Tecámac, marcó la última vez que José Humbertus Pérez Espinoza vería en libertad a su madre, "Doña Guille", una mujer sabia, autodidacta y férrea oradora. Aquella mañana, ella le advirtió con preocupación sobre las confrontaciones que sostenía con bancos e hipotecarias. Antes de despedirse, le dio un beso y su última bendición, como si intuyera lo que estaba por venir.

José Humbertus no imaginaba que ese día terminaría en prisión, acusado de cuatro delitos que, asegura, nunca cometió. Desde entonces, se ha convertido en un defensor incansable de los falsos culpables en México. Hoy, nueve años después, sigue recordando a su madre y el sufrimiento de tantas madres como ella, que ven a sus hijos en prisión por delitos que no cometieron. "Doña Guille", como era conocida por quienes la querían, definía con claridad lo que, a su juicio, eran los gobiernos del PRI y del PAN: “autoritarismo y crimen”.

El tiempo en prisión no fue suficiente para quebrantar el espíritu de José Humbertus. Desde la cárcel, y tras recuperar su libertad, se convirtió en activista y líder de los colectivos Presunción de Inocencia y Derechos Humanos y el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna. A través de estos movimientos, denuncia lo que llama "Crimen Institucionalizado", un sistema donde la fabricación de culpables y el abuso del poder son moneda corriente. En sus palabras, no es un error o un exceso, sino una convicción del Estado para imponer su fuerza sobre quienes menos pueden defenderse.

En un momento crucial de su vida, José Humbertus presentó su documento "Reflexiones y propuestas para una reforma nacional de justicia penal (una visión de los falsos culpables)" al ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. A través de su análisis, expuso el drama de miles de mexicanos encarcelados injustamente, y defendió una Ley de Amnistía para el Estado de México, que busca dar una segunda oportunidad a aquellos prisioneros condenados por delitos que no cometieron.

Las palabras de José Humbertus no solo resuenan en el eco de sus denuncias, sino en el espíritu de lucha que comparte con miles de familias mexicanas. A pesar de los años de prisión y los desafíos, él continúa abogando por un sistema de justicia que no sea un “sistema muerto”, sino uno vivo y reformado, que actúe con dignidad y derechos para todos.

Hoy, la frase "Prisioneros hoy, libres por siempre" se ha convertido en su estandarte y en un llamado a seguir luchando contra un sistema que, según él, necesita ser desmantelado y reconstruido para proteger a los inocentes.


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EL PODER JUDICIAL DEL CRIMEN EN MÉXICO Y APÉNDICE DE LA ECONOMÍA CRIMINAL

 

Jose Humbertus Pérezz/ Quién es Quién en la Ley de Amnistía

COLUMNA ESPECIAL

Es importante señalar que nuestros colectivos Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Dignc. A.C, (FMDVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., (PIDH), siguen luchado en contra de los jueces y magistrados corruptos del fuero común y federal.

La estructura de corrupción y vínculos con la economía del crimen del Poder Judicial de México. Que con sus resoluciones han favorecido para el despojo de miles de viviendas y dejar en prisión a miles de falsos culpables en todo el territorio nacional.

Está lucha a dejado testimonios durante los últimos quince años, en donde, somos los únicos movimientos y víctimas del Poder Judicial de México que forma parte de la impunidad para no hacernos justicia y violar gravemente nuestros derechos humanos.

En este sentido presento fragmentos del artículo que escribí el pasado 28 de agosto de 2023 y que titulé “LUIS MARÍA

AGUILAR EL MINISTRO DEL CRIMEN”.

El escritor Carlos Monsiváis en su narrativa que utilizaba el juego de palabras, estableció una forma clara de explicar que es lo mexicano y en su relación con el discurso del poder decía, que para la derecha su doctrina es la hipocresía, en sus conductas es arrogante, estúpida, atrasada y represiva.

Está es la doctrina de los ministros de derecha que controlan el máximo poder conservador de la SCJN y que comanda Luis María Aguilar Morales, sus operadores los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán. Los tres ministros llevan en su pecado original haber sido impuestos por Felipe Calderón y Aguilar Morales el ministro del crimen.

El ministro Luis María Aguilar es corrupto, su doctrina la hipocresía, esta se acredita en su periodo como presidente de la SCJN (2015-2018), en donde se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público.

En la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN (2019-2022), se detectaron en la administración de Luis María Aguilar desvíos por más de $ 720 millones de pesos en la compra de bienes sobrevaluados de equipos de impresión, computo, digitalización, copiado (incluyendo tóner y papel).

Así mismo se detectaron desvíos por más de $ 400 millones de pesos en la construcción, arrendamientos y mantenimiento de bienes inmuebles, destacado la adjudicación de contratos directos para construir los centros de justicia penal y salas orales como parte de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

El supremo poder conservador de la SCJN en las figuras de los ministros de derecha Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán, también se caracterizan como los define Carlos Monsiváis la arrogancia, por creer tener una posición de superioridad o privilegios frente a los demás y ser orgullosos de su nepotismo.

El esquema de corrupción por nepotismo en la SCJN se concretó con el ministro Luis María Aguilar Morales, su hija Ana Elena Aguilar Arrangoiz de profesión Cirujana Dentista, sin tener estudios de derecho ocupo cargos de oficial judicial y secretaria particular de Tribunales Colegiados de Circuito.

El sueldo que percibió fue de $26 mil 398 pesos, sin incluir las prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, prima quincenal, seguros colectivos de retiro, y seguro de gastos médicos mayores, la contratación de Ana Elena Aguilar fue responsabilidad del ministro Alberto Pérez Dayán

El magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo también apoyó el ingreso de su hija Daniela Pardo Soto Reyes, abogada de profesión, que se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, su nombramiento fue una decisión directa Luis María Aguilar, con un salario bruto de $135 mil pesos mensuales. Los poderes judiciales del país tienen a su familia judicial.

Luis María Aguilar es el ministro más autoritario y represivo, propuso recientemente la destitución del presidente de la República si desacataba el amparo en revisión 386/2023, pero legitimó el 20 de junio de 2016 que se iniciaba con operadores de justicia la entrada en vigor en todo el país del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para encubrir el desvió de aproximadamente $158 mil millones de pesos de FASP.

La visión represiva como lo destaca Carlos Monsiváis del pasamiento conservador se hace presente en Luis María Aguilar, quién avaló el despojo de miles de vivienda y el sistema de la fabricación de los falsos culpables por delitos de alto impacto, el juicio de amparo directo se negó a miles de inocentes por la mayoría de los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de todo el país.

Sin embargo, se otorgaron amparos para descongelar las cuentas bancarias a la esposa de Genaro García Luna, también para el descongelamiento al torturador y mano de derecha en la protección de los narcotraficantes de Genaro García Luna a Luis Cárdenas Palomino, también la protección de la justicia federal para negar la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas acusado por narcotráfico a Francisco Javier Cabeza de Vaca.

“Prisionero Hoy, Libres Por Siempre”

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https://youtu.be/BTwV2XwG1Q0?si=NRnsqf3r3Td4KYqf

Alejandra del Moral es parte del Cártel Inmobiliario en el Edomex

* En el entramado de corrupción hay certeza de la denuncia de los vecinos de Cuautitlán Izcalli contra la candidata del PRI, por presunto fraude que cometió por más de 115 millones siendo alcaldesa

* Desde el gobierno del también priista Arturo Montiel para acá, hubo convenios jugosos con las inmobiliarias y fueron beneficiados con fondos federales

#Edomex #PIDH

Agencia MANL

Cuautitlán Izcalli, Méx.- La candidata del PRI, Alejandra del Moral es parte de todo del entramado de corrupción en el Estado de México cono parte del Cártel Inmobiliario al utilizar facciosamente el poder público, para beneficiar a amigos y consorcios inmobiliarios, denunció el diputado local, Faustino de la Cruz Pérez
Explicó que supuestos inversionistas han resultado beneficiados en la entidad mexiquense con la construcción de fraccionamientos y unidades habitacionales, mismos que se hicieron con inversión pública, y reflejo de ello, es la denuncia de vecinos integrados al Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., en contra de la ex alcaldesa por el presunto fraude que cometió por más de 115 millones de pesos.

El legislador de la 4T, apuntó “si en la Ciudad de México, sus amigos los panistas hicieron de las suyas en las alcaldías que el PAN gobierna, desde luego que en el Estado de México sin lugar a dudas también se han dado estas acciones, son un régimen que se aprovechó de los recursos públicos, de los contratos, de las negociaciones con las inmobiliarias y no tengo duda que esta denuncia de los condóminos tenga certeza”.

Así, vecinos de Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo, integrados al Frente Mexiquense, acusan que la candidata del PRI, Alejandra del Moral siendo alcaldesa de Cuautitlán Izcalli cometió un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación de la compraventa de 1,049 casas a la empresa Urbi, que dejó inconclusas las obras y les vendió a sobre precio, hecho que denunciaron en 2011, la venta de las viviendas se hizo entre 1.7 y 2.5 millones de pesos, la entrega fue con vicios ocultos y debido a que no existe el acta del termino de obra, no se les otorgan bacheo ni poda de árboles.

En su momento, el dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., José Humbertus Pérez Espinoza, denunció que Alejandra del Moral es culpable, es integrante y operadora del cartel inmobiliario del Estado de México.
En este caso, la construcción de Hacienda Balboa no solo la realizó la empresa Urbi sino intervino Sociedad Hipotecaria Federal, que liberó dinero público para el desarrollo de este proyecto, que fue entregado sin infraestructura hidráulica, entre otras obras de urbanización. Pero, lo que indignó a los vecinos, fue la simulación de la entrega que encabezó la entonces presidenta municipal, Alejandra del Moral, un 3 de diciembre de 2009, dijo.

El delito de fraccionadores no solo se presenta por las conductas delictivas de la constructora y ex alcaldesa del Moral, sino por Hipotecaria su Casita, SHF y dos notarios públicos que avalaron la entrega, refirió el dirigente del Frente Mexiquense.

Y subrayó el diputado Faustino de la Cruz, no es raro, no hay lugar a duda que la candidata del PRI, debe de estar involucrada en estas redes que se tejieron desde el poder, al menos desde el gobierno que encabezó Arturo Montiel, las grandes inmobiliarias ARA, HIR, GEO, Urbi, todas están metidas en temas de componendas para los permisos, la sobre explotación de la tierra, subdivisiones, a fin de quien pague los platos rotos sean los dueños, los que sacaron un crédito de vivienda.
Aseguró “le decimos a la gente, se tendrá que revisar todo lo relacionado al tema de desarrollo inmobiliario en el Estado de México son miles de viviendas que se han construido en Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tecámac, Huehuetoca y en el Valle de Toluca, no tenemos duda de que el gobierno desde Arturo Montiel para acá hubo convenios jugosos con las inmobiliarias, donde seguramente fueron beneficiados con fondos federales, porque tuvo en sus manos recursos como apoyos para la vivienda y para apoyar los desarrollos habitacionales”.

Adelantó, “vamos a revisar con el nuevo gobierno, se transparentará todo lo relacionado a los permisos que tuvieron y las obligaciones que tienen las inmobiliarias con los condóminos, con los clientes”.

El representante popular agregó, desde luego los convenios donde las inmobiliarias por ley estaban obligadas a dotar de servicios a los fraccionamientos que construían, estoy seguro que mucho de ello, son fantasmas, son obras que no existen. Ejemplo de ello, Paseos de Ecatepec, donde la inmobiliaria HIR subdividió un predio y construyeron vivienda a través de tres empresas de un mismo dueño y esto les llevó a construir menos infraestructura de servicio social, escuelas, clínicas, parques y con ello, la empresa se ahorró millones de pesos.

Refirió, que siendo sindico de Ecatepec, en este caso se multó a la empresa por no haber cumplido. También está el caso del fraccionamiento La Guadalupana, que inició entre 1997-2000, así como Los Héroes, en donde incluso estuvo inmiscuido hasta Onésimo Cepeda. “Entonces no tengo duda, de que el cártel inmobiliario se ha movido en el Estado de México y la candidata inmoral, es parte de todo ese entramado de corrupción de utilizar facciosamente el poder público, para beneficiar a amigos, a consorcios inmobiliarios y desde luego a supuestos inversionistas, donde parte de estos se hicieron con inversión público”.

Alejandra del Moral podría ser inhabilitada para gobernar si gana la elección: José Humbertus Pérez Espinoza

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Agencia MANL

Ciudad de M{exico.-  En entrevista a José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Frente Mexiquense para una Vivienda Digna (#FMVDAC) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C (#PIDH), asegura que la candidata de la coalición "Vamos por el Estado de México, podría ser inahabilitada, en caso de ganar la elección a la gubernatura del Estado de México porqye enfrenta demandas de tipo penal y federal.

“Cártel de la Toga” opera en el PJEM

 

* Actuarios hacen la intermediación con un “Cártel inmobiliario” en la entidad.

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Agencia MANL

Toluca, Méx.- “El Cártel de la Toga” en complicidad con un “Cártel inmobiliario” mexiquense operan en municipios del estado de México en colusión con actuarios y jueces del Consejo de la Judicatura Federal para despojar y desalojar de sus vviiendas a titulares de créditos inmobiliarios bajo procesos ilegales que configuran el delito procesal con la negativa de amparo y compra de derechos litigiosos que en combinación todos los operadores simulan legal la ilegalidad.

Apenas en enero pasado el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar tomó protesta a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Poder Judicial del estado de México, y pese a varias denuncias dentro del poder judicial, entre jueces y ministros, la impunidad de magistrados y juzgadores continúa, de la mano con actuarios, quienes resultan ser “intermediarios” entre “El Cártel de la Toga” y el “Cártel inmobiliario”.

Lo anterior se dió a conocer en la plataforma de “Prisionero de Conciencia”, como resultado de una exhaustiva investigación encabezada por José Humbertus Pérez Espinoza, cuyo origen de la indagación se da en la entidad mexiquense, a partir de municipios como Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, y finalmente en la Ciudad de México, escenarios que comprueban las operaciones de ambos grupos aprovechando las omisiones de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).

Cabe recordar que SHF fue creada en 2001, como una institución financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo con el fin de propiciar el acceso a la vivienda, pero magistrados del PJEM en total total impunidad  la utilizan para realizar desalojos de viviendas en conjuntos urbanos, pues incurren en delitos procesales, omiten el derecho al tanto, y junto con  jueces federales niegan amparos sin dar validez a las pruebas que demuestran la ilegalidad, para favorecer "en contubernio y complicidad a compradores de derechos litigiosos".

De acuerdo a la investigación dada a conocer en "Prisionero de Conciencia", los juzgadores operadores que encabezan el "Cártel de la Toga" señalan a los magistrados, David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, del Juzgado Quinto Civil, del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en el municipio de Tecámac, zona donde se operan los despojos y desalojos.

Humbertus Espinoza, advirtió que Sociedad Hipotecaría Federal (SHF) es la única que tiene el gravamen para realizar la “venta perfecta” de viviendas y los magistrados omiten este sustento legal para realizar actos simulados con el "Cártel inmobiliario", y les otorgan la adjudicación directa, sin otorgarles el derecho al tanto a los que tienen la hipoteca.

Con lo anterior se configura el delito procesal y con ello ambos grupos hacen el despojo de las viviendas de manera impune, en contubernio con magistrados del Consejo de la Judicatura Federal, quienes en lugar de proteger al titular de la vivienda, se les niegan el derecho al amparo, esto como parte del actuar del “Cártel de la Toga”.

Entre las indagaciones señalan que actuarios acuerdan con los integrantes del “Cártel inmobiliario” para "ponerse de acuerdo" en los procesos y desalojos, incluso hay carpetas de los juicios "rasurados" desde los juzgados que los involucran con “el grupo criminal” que se apodera de los inmuebles.