Ciudad de México.- Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos marcharon a la FGR en CDMX para exigir justicia contra los responsables del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, y pedir al gobierno federal una Ley de Amnistía y que se acabe la “fabricación de falsos culpables”.
Encabezados por José Humbertus Pérez Espinoza, Los integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), aseguran que los unió la injusticia, la impunidad y la corrupción del Sistema Jurídico Mexicano, en virtud de que en nuestro país no existe un estado de derecho.
“La unión de estas luchas nos tienen concentrados hoy aquí para pedirle
al Fiscal Alejandro Gertz Manero, que como víctimas se nos haga justicia y que
se deje de proteger dentro de las cavernas de la impunidad de los ministerios públicos estos
verdaderos delincuentes que llevaron a la país a una inseguridad insostenible”,
expresó.
El activista puntualizo que se criminaliza a los ciudadanos que
recurrimos a los Tribunales constitucionalmente establecidos, para luchar por
que se respeten los derechos humanos a la vivienda digna y a la libertad para
no fabricar falsos culpables que paguen condenas por delitos que no cometieron.
El FMDVD, dijo, logró en estos últimos diez años defender en los
Tribunales Civiles, que se respetara el cumplimiento de los contratos que
pactamos con empresas constructoras e hipotecarias, ganamos miles de recursos
jurídicos en las tres Instancias, acreditando que los contratos que firmamos de
buena fe tenían insuficiencias e incumplimientos desde que firmamos por parte
de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que con recursos públicos federales le
otorgó recursos a las Sofoles, Sofomex o Hipotecarias, para que nos prestaran
créditos sobrevaluados.
Puntualizó que estos Intermediarios Financieros le pagaron a las
constructoras, como URBI, GEO, ARA, SADASI, HOMEX, Promotora de Viviendas
Integrales, Que Desarrolladora entre otras créditos sobrevaluados, provocando
con esto, que a través del endeudamiento público SHF se convirtiera en la
columna vertebral del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, junto
con el INFONAVIT y FOVISSSTE, a través de la figura del cofinanciamiento
defraudaran a más de 10 millones de familias Mexicanas en el otorgamiento de
créditos hipotecarios sobrevaluados, que son impagables.
Es importante señalar que en veinte años de crisis hipotecarias
permanentes, el FMDVD dio a conocer el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario
en México, que ha tenido un costo para el país de más de 1 billón, 300 mil
millones de pesos, siendo responsables principalmente los expresidentes de la
República Mexicana Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña
Nieto.
El litigante explicó que el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en
México está acreditado en la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/032/2011, radicada en la
Fiscalía General de la República, antes PGR y acaba de cumplir nueve años,
tiempo en el cual diversos ministerios públicos de la federación han actuado de
manera omisa e impune, para no consignar a servidores públicos, titulares de
SHF, INFONAVIT y FOVISSSTE, así como a los Consejos de Administración de las
Empresas que se han descrito con anterioridad.
Indicó que ha quedado demostrando que el sector hipotecario e
inmobiliario es un espacio de corrupción, que “no se ha querido investigar por
los grupos de interés que aún tienen poder y han venido influyendo al seno de
la Fiscalía General de la República para que no se ejercite la Acción Penal.
Estos grupos me llevaron a la prisión el pasado 4 de noviembre del 2015,
fabricándome cuatro Carpetas de Investigación y Administrativas en las que se
decretaron mi total inocencia por los supuestos delitos de robo con violencia y
extorsión, obteniendo mi libertad el pasado 29 de enero de la presente
anualidad.
En este sentido y estando en prisión seguí defendiendo el derecho humano
a la vivienda digna y decorosa pero también desde el Interior del Penal de
Chiconautla, formamos el 8 de enero de 2016 la organización PIDH.
PIDH logró dar a conocer lo que son los falsos culpables en México,
desde una visión de la prisión a través de lo que se dio a conocer como “La
revolución azul”, lucha pacífica que desde el interior del Penal de Chiconautla
acreditamos que exgobernadores desviaron los recursos federales del Fondo de
Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), para no instalar el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y que le ha costado al país más de 85 mil millones de
pesos, siendo el Estado de México al que mayor recursos se le otorgaron.
Los principales responsables de dar cumplimiento al Decreto del 18 de
junio del 2008 de la Reforma de Seguridad y Justicia, para instalar el Sistema
de Justicia Penal Acusatorio son Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna,
mucho se ha hablado de los daños colaterales que provocó la fallida guerra
contra el narco tráfico, como la desaparición forzada, las ejecuciones
extrajudiciales, los homicidios, pero no se ha hablado de los miles de falsos
culpables, que ante la falta de la instalación y consolidación del Sistema de
Justicia Pernal Acusatorio.
Detalló que estos falsos culpables "están en prisión por delitos
que no cometieron", y por eso "es muy grave" que el estado
empleando su fuerza pública aplica detenciones arbitrarias para llevar a
inocentes a prisión y fabricarles delitos de los llamados de alto impacto, como
homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, feminicidios, trata
de personas y diversos robos con modificativa de violencia que nunca se
cometieron.
Cabe destacar que no obstante que al Estado de México se le otorgó más
de 6 mil millones de pesos del FASP para la instalación y consolidación del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a doce años de este fracaso en el Estado
de México como en el resto de país, no existen operadores de justicia mínimos
que hayan sido certificados como lo marca la Constitución, principalmente
ministerios públicos, policías y peritos.
Por lo anterior ante la falta de la certificación constitucional, estos
han fabricado miles de carpetas a falsos culpables por los delitos llamados de
alto impacto siendo inocentes, el gobierno estatal desvió los recursos del
FASP, para la estafa maestra, concretamente la desviación de más de mil 200 millones
de pesos del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ).
Desde el pasado 18 de octubre del 2017 presentamos ante esta
Representación Social de la Federación la denuncia penal servidores
públicos mexiquenses de haber desviado y no instalado el Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, sin embargo, la Fiscalía General de la República
desde el 18 de octubre de 2017, nunca nos ha notificado, estando en prisión y
hoy en libertad del número de carpeta de investigación, ni mucho menos la etapa
procesal, que debería de haber concluido con la sentencia condenatoria de los
principales responsables, de no haber aplicado los recursos federales en la
Instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
PIDH es la única organización que presento en la LX Legislatura del
Estado de México la Incitativa Ciudadana de la “Ley de Amnistía del Estado de
México”, en donde se define claramente que deberán de incluirse a los falsos
culpables por delitos graves que no cometieron como homicidio, secuestro,
violación, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los
diversos robos con la modificativa de violencia por haber utilizado armas.
Los falsos culpables son el resultado de no haber instalado y
consolidado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por falta de operadores de
justicia en las Instituciones de Seguridad Pública y por ello fabricar carpetas
para tener a más de 14 mil inocentes en las prisiones del Estado de México.
