Mostrando entradas con la etiqueta José Humbertus Pérez Espinoza. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta José Humbertus Pérez Espinoza. Mostrar todas las entradas

martes, 15 de noviembre de 2022

LA CRISIS HIPOTECARIA EN MÉXICO FUE DEFINIDA COMO GRANDES BOMBAS DE TIEMPO, PARA HACER GRANDES NEGOCIOS AL AMPARO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.

Durante los últimos 18 años, la política hipotecaria de México se basó en la constitución y creación del Banco de Desarrollo, conocido como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sus tres últimos directores: Guillermo Babatz Torres (2001-2007) Javier Gavito Mohar (2007-2012) y Jesús Alberto Cano Vélez (2012-2018), aplicaron cuatro criterios que imposibilitaron el éxito de la política hipotecaria y aplicaron: 1. Corrupción, 2. Rescates financieros, 3. Endeudamiento y 4. Creación de fideicomisos.

Estos cuatro criterios han sido la columna vertebral del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y exhibir el saqueo de la economía nacional durante los gobiernos neoliberales, y el caso específico de 18 años de fracasos en la política de vivienda en México que tuvo un costo de aproximadamente $1 billón 300 mil millones de pesos.

Estamos por cumplir cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y SHF, durante la presente administración y como director del Banco de Desarrollo Jorge Alberto Mendoza Sánchez, está aplicando las mismas políticas de corrupción e impunidad, al no querer investigar los fraudes generalizados en el otorgamiento de miles de créditos hipotecarios con recursos federales, y principalmente del endeudamiento.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, pertenece al grupo de los 10 hombres más ricos del estado de Nuevo León, y concretamente, a los hermanos: César Manuel Gutiérrez Muguerza, José Manuel Gutiérrez Muguerza e Ignacio Javier Farías Camperos, quienes el actual director de SHF Mendoza Sánchez los ha protegido y las empresas Patrimonio y Tertius son las únicas hipotecarias y administradoras que han sobrevivido a la crisis hipotecarias desde el 2008 y a la debacle de la vivienda en México.

Incluso el pasado 3 de junio 2019 le presentamos al director de SHF Jorge Alberto Mendoza Sánchez un escrito, en donde estando en prisión como preso político y prisionero de conciencia, le denuncié que mi reclusión se debió a la fabricación de cuatro delitos, por denunciar y dar a conocer el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México.

De este comunicado nunca tuvimos respuesta, no obstante, que cuando obtuve mi libertad después de cuatro años y dos meses el Sub-secretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, nos ofreció que se le daría una salida al problema hipotecario del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.

Esta promesa no se cumplió y mucho menos, la invitación que tendría para asistir a la conferencia de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde denunciaría el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México y los falsos culpables en las cárceles del Estado de México y el país.

Es importante destacar que los intereses que se opusieron a que asistiera a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, vino de Sergio Gutiérrez Muguerza, hermano de los dueños de Patrimonio y Tertius. El impedimento se explica porque a toda costa ocultaron a que se diera a conocer el gran fraude que cometieron los gobiernos neoliberales a millones de familias mexicanas a través de SHF.

Es decir, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de SHF siguió malbaratando la cartera vencida de los créditos hipotecarios, porque es claro que las subastas simuladas, se vendieron al 14% y por la información que recientemente nos envió SHF, los paquetes que se vendieron en subastas a administradoras de créditos y portafolios e inmobiliarias, SOFOLES y SOFOMES, la propia SHF les otorgó créditos a los adquirientes de la cartera que se simuló para la “subasta” como en los casos de Desetec, Amaral y Zendere, entre otros.

El fracaso de los 12 principales fideicomisos representó un rescate financiero que salvó a la oligarquía financiera, y la única que sobrevivió fue Patrimonio, que aprovechando la crisis hipotecaria y que uno de sus principales dueños Ignacio Javier Farías Camperos, las denominó verdaderas bombas de tiempo, para hacer grandes negocios. La primer gran bomba de tiempo, después de la crisis hipotecaria del 2008 fue Tertius, Administradora de Portafolios, que se constituyó el día 12 de octubre del 2010.

Los dueños de Patrimonio y Tertius férreos opositores al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, finalmente lograron apoderarse de dos bancos de desarrollo: SHF y Banobras, en donde aparece como director de ambos bancos Jorge Alberto Mendoza Sánchez.

Tenemos todas las pruebas que acreditan el gran acto de corrupción que cometió Jorge Alberto Mendoza Sánchez al vender parte de la cartera vencida de los fideicomisos F/262757 y F/262323, en donde, se le regaló a ZENDERE el 26 de febrero del 2020 miles de créditos al 14% de su valor al capital, es decir, le vendieron cada inmueble entre $50,000 y $70,000 pesos, no obstante, de malbaratar indebidamente la cartera y tomando una actitud racista discriminatoria, no se les ofreció el derecho del tanto a los verdaderos titulares.

El FMDVD tiene en su poder toda la información que nos fue entregada por la propia SHF en donde, se acredita paso a paso cómo se simularon las subastas, vendiendo barata la cartera vencida y regalaron de la panza de FOBAPROA de los fideicomisos F/262757 y F/262323, generando grandes ganancias en miles de millones de pesos para Patrimonio, Tertius, Desetec, Amaral y Zendere en la época de la 4T.

Existe una prueba plena de cómo Jorge Alberto Mendoza Sánchez a petición de la Fiscalía General de la República, en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ M-XV/32/2011, habilitó como apoderado legal de SHF a Guillermo Mendoza Villalba,  quien presentó un escrito el 30 de julio del 2019, esta documental pública señala que Gabriela Gurrea Martínez o (Daniella Gurrea Martínez) no ha sido empleada de SHF, sin embargo, nosotros demostramos desde el 2014 por medio de transparencia que Daniella Gurrea Martínez ingresó a SHF el 16 de julio del 2004 y renunció el 1º de enero del 2014 con un sueldo de $105,053 y se desempeñaba como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y su nombramiento se lo otorgó Guillermo Enrique Babatz Torres Ex Director de SHF.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez y Guillermo Manuel Mendoza Villalba, director y apoderado de SHF, ocultaron a toda costa información que tenían en su poder para que la FGR no investigara a Gabriela o Daniella Gurrea Martínez porque fue la principal operadora del rescate financiero de las SOFOLES-SOFOMEX, y fue la que firmó la creación de los fideicomisos con el poder que le otorgó Javier Gavito Mohar entonces Director de SHF, y así evitar que los fideicomisos y el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario quedara impune.

Finalmente, por toda esta lucha que hemos dado, en los últimos 13 años y que fue la causa de mi prisión, la persecución de mi familia, de mis compañeros, y la represión, para que mediante el fraude procesal nos quitaran los inmuebles, no obstante que, estaban impedidos porque existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que, los procesos civiles o mercantiles quedarán suspendidos, que cuando previo a una controversia jurisdiccional o dentro de la misma aparezcan conductas ilícitas, no se podrán continuar con los juicios civiles y mercantiles, hasta que no concluya el proceso penal.

La prisión enseñó al FMDVD, que aún en la cárcel, se puede luchar, y así nació cómo se organiza una rebelión desde la cárcel, y descubrimos que las prisiones en México están llenas de falsos culpables por delitos de alto impacto que no cometieron.

Como prisionero de conciencia y expreso político, fui liberado el 20 de enero del 2020 por la Política de Amnistía que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tuve el honor de ser el 47 preso político que fue puesto en libertad, y esto como el compromiso 88 que el presidente Andrés López Obrador se comprometió al inicio de su mandato.

Por esto tenemos la autoridad moral para pedirle al presidente de la República y al fiscal general de la República que deben ejercitar la acción penal en la averiguación previa del 2011, así como también, ejercitar la acción penal en contra de los verdugos que me llevaron a prisión como falso culpable, y que también son responsables de que muchos falsos culpables estén en la cárcel del Estado de México.

En este caso la FGR no ha dado respuesta a la denuncia penal que presentamos el 18 de octubre del 2017, y en esta ocasión, presentamos una nueva denuncia penal en contra de los funcionarios de SHF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no han dado cumplimiento a los cuatro principios que estableció López Obrador en el combate a la corrupción: 1. investigar todo acto de corrupción, 2. no rescatar a ninguna persona física o moral, en este caso, hipotecarias y constructoras, 3. no endeudarse, y 4. no crear fideicomisos para desviar miles de millones de pesos de recursos federales. 

A t e n t a m e n t e  

José Humbertus Pérez Espinoza

Presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C.

Ex Preso de Conciencia y Preso Político

Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C.

martes, 22 de febrero de 2022

PDIH y FMDVD se manifiestan frente al PJEM




*Denuncian frente al PJEM a  jueces

Agencia MANL

Toluca, Méx.- José Humbertús Pérez Espinoza, fundador e integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (FMDVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), se manifestaron frente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) para exigir que no se siga protegiendo a los jueces, David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, quienes realizan fraude procesal para el despojo de viviendas e invasión de terrenos en el municipio de Tecámac, incluso para el AIFA.
El ex prisionero de conciencia, junto con integrantes del FMDVD y PIDH caminaron desde la Plaza González Arratia, en el Centro de la Ciudad de Toluca, hacia el edificio del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), y ahí recordó que ya antes pidió a Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, titular del Poder Judicial, que se detengan los desalojos ilegales y despojos de tierras por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Pero desafortunadamente no ha sido así, porque los jueces David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, adscritos en el juzgado civil de Ecatepec, con sede en el municipio de Tecámac, mediante un proceso ilegal despojan de sus viviendas a decenas de familias mediante un embargo que realizan "judiciales", para amedrentar a las personas para que desalojen, y la cartera vencida y las casas las adquiere una "red delincuencial" que opera en Tecámac.
Frente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) se exigió que "nos los siga protegiendo", pues ambos actúan en perjuicio de decenas de familias mediante fraudes procesales
"David Velázquez Vargas debe dar una explicación por apoyar a esos grupos que se han quedado con esos inmuebles Cuando denunciamos cómo se nos quitan las casas, mediantes actividades delictivas", dijo el abogado penalista.
Se denuncia el fraude procesal, detalló, pero el ministerio público no quiere iniciar el proceso pese a tener datos para obsequiar las órdenes de aprehensión a David Velázquez Vargas y Jorge Flores García, a representantes de inmobiliarias y al grupo delincuencial que se beneficia por estos despojos, y no las expiden y los mantienen en la impunidad.
Pidieron la destitución de los dos jueces y que el Consejo de la Judicatura "no los siga protegiendo", y se investigue a Velazquez Vargas, por la trágica muerte de dos mujeres en Tecámac en 2015,que eran integrantes de este mismo grupo de delincuentes que opera en el municipio de Tecámac.

jueves, 5 de noviembre de 2020

"Nos une la injusticia, la corrupción y la impunidad": José Humbertus Pérez Espinoza

 



Agencia MANL

Ciudad de México.- Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos marcharon a la FGR en CDMX  para exigir justicia contra los responsables del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, y pedir al gobierno federal una Ley de Amnistía y que se acabe la “fabricación de falsos culpables”.

Encabezados por José Humbertus Pérez Espinoza, Los integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), aseguran que los unió la injusticia, la impunidad y la corrupción del Sistema Jurídico Mexicano, en virtud de que en nuestro país no existe un estado de derecho.

Estas dos luchas, señaló,  de la vivienda digna y decorosa y la libertad de falsos culpables, ponen al desnudo lo podrido y corrupto del Sistema Jurídico Mexicano, que por una parte a compradores de vivienda de buena fe y mediante el Fraude Procesal nos quitan nuestras viviendas, y por otro lado utilizando la fuerza del estado se detienen arbitrariamente a inocentes para presentarlos ante el ministerio público, y fabricarles sin ninguna limitación los delitos de alto impacto que hemos descrito.

“La unión de estas luchas nos tienen concentrados hoy aquí para pedirle al Fiscal Alejandro Gertz Manero, que como víctimas se nos haga justicia y que se deje de proteger dentro de las cavernas de la impunidad de los ministerios públicos estos verdaderos delincuentes que llevaron a la país a una inseguridad insostenible”, expresó.

El activista puntualizo que se criminaliza a los ciudadanos que recurrimos a los Tribunales constitucionalmente establecidos, para luchar por que se respeten los derechos humanos a la vivienda digna y a la libertad para no fabricar falsos culpables que paguen condenas por delitos que no cometieron.

El FMDVD, dijo,  logró en estos últimos diez años defender en los Tribunales Civiles, que se respetara el cumplimiento de los contratos que pactamos con empresas constructoras e hipotecarias, ganamos miles de recursos jurídicos en las tres Instancias, acreditando que los contratos que firmamos de buena fe tenían insuficiencias e incumplimientos desde que firmamos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que con recursos públicos federales le otorgó recursos a las Sofoles, Sofomex o Hipotecarias, para que nos prestaran créditos sobrevaluados.

Puntualizó que estos Intermediarios Financieros le pagaron a las constructoras, como URBI, GEO, ARA, SADASI, HOMEX, Promotora de Viviendas Integrales, Que Desarrolladora entre otras créditos sobrevaluados, provocando con esto, que a través del endeudamiento público SHF se convirtiera en la columna vertebral del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, junto con el INFONAVIT y FOVISSSTE, a través de la figura del cofinanciamiento defraudaran a más de 10 millones de familias Mexicanas en el otorgamiento de créditos hipotecarios sobrevaluados, que son impagables.

Es importante señalar que en veinte años de crisis hipotecarias permanentes, el FMDVD dio a conocer el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, que ha tenido un costo para el país de más de 1 billón, 300 mil millones de pesos, siendo responsables principalmente los expresidentes de la República Mexicana Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El litigante explicó que el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México está acreditado en la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/032/2011, radicada en la Fiscalía General de la República, antes PGR y acaba de cumplir nueve años, tiempo en el cual diversos ministerios públicos de la federación han actuado de manera omisa e impune, para no consignar a servidores públicos, titulares de SHF, INFONAVIT y FOVISSSTE, así como a los Consejos de Administración de las Empresas que se han descrito con anterioridad.

Indicó que ha quedado demostrando que el sector hipotecario e inmobiliario es un espacio de corrupción, que “no se ha querido investigar por los grupos de interés que aún tienen poder y han venido influyendo al seno de la Fiscalía General de la República para que no se ejercite la Acción Penal.

Estos grupos me llevaron a la prisión el pasado 4 de noviembre del 2015, fabricándome cuatro Carpetas de Investigación y Administrativas en las que se decretaron mi total inocencia por los supuestos delitos de robo con violencia y extorsión, obteniendo mi libertad el pasado 29 de enero de la presente anualidad. 

En este sentido y estando en prisión seguí defendiendo el derecho humano a la vivienda digna y decorosa pero también desde el Interior del Penal de Chiconautla, formamos el 8 de enero de 2016 la organización PIDH.

PIDH logró dar a conocer lo que son los falsos culpables en México, desde una visión de la prisión a través de lo que se dio a conocer como “La revolución azul”, lucha pacífica que desde el interior del Penal de Chiconautla acreditamos que exgobernadores desviaron los recursos federales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), para no instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que le ha costado al país más de 85 mil millones de pesos, siendo el Estado de México al que mayor recursos se le otorgaron.

Los principales responsables de dar cumplimiento al Decreto del 18 de junio del 2008 de la Reforma de Seguridad y Justicia, para instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio son Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, mucho se ha hablado de los daños colaterales que provocó la fallida guerra contra el narco tráfico, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, pero no se ha hablado de los miles de falsos culpables, que ante la falta de la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Pernal Acusatorio.

Detalló que estos falsos culpables "están en prisión por delitos que no cometieron", y por eso "es muy grave" que el estado empleando su fuerza pública  aplica detenciones arbitrarias para llevar a inocentes a prisión y fabricarles delitos de los llamados de alto impacto, como homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, feminicidios, trata de personas y diversos robos con modificativa de violencia que nunca se cometieron.

Cabe destacar que no obstante que al Estado de México se le otorgó más de 6 mil millones de pesos del FASP para la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a doce años de este fracaso en el Estado de México como en el resto de país, no existen operadores de justicia mínimos que hayan sido certificados como lo marca la Constitución, principalmente ministerios públicos, policías y peritos.

Por lo anterior ante la falta de la certificación constitucional, estos han fabricado miles de carpetas a falsos culpables por los delitos llamados de alto impacto siendo inocentes, el gobierno estatal desvió los recursos del FASP, para la estafa maestra, concretamente la desviación de más de mil 200 millones de pesos del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ).

Desde el pasado 18 de octubre del 2017 presentamos ante esta Representación Social de la Federación la denuncia penal  servidores públicos mexiquenses de haber desviado y no instalado el Sistema de  Justicia Penal Acusatorio, sin embargo, la Fiscalía General de la República desde el 18 de octubre de 2017, nunca nos ha notificado, estando en prisión y hoy en libertad del número de carpeta de investigación, ni mucho menos la etapa procesal, que debería de haber concluido con la sentencia condenatoria de los principales responsables, de no haber aplicado los recursos federales en la Instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

PIDH es la única organización que presento en la LX Legislatura del Estado de México la Incitativa Ciudadana de la “Ley de Amnistía del Estado de México”, en donde se define claramente que deberán de incluirse a los falsos culpables por delitos graves que no cometieron como homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los diversos robos con la modificativa de violencia por haber utilizado armas.

Los falsos culpables son el resultado de no haber instalado y consolidado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por falta de operadores de justicia en las Instituciones de Seguridad Pública y por ello fabricar carpetas para tener a más de 14 mil inocentes en las prisiones del Estado de México.

 


MÁS GRAFICAS EN: 

VIDEOS: